Cuando el SAT determina un crédito fiscal, todavía hay defensa.

Tratándose de créditos fiscales federales, como ISR o IVA, treinta días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación, tanto para el recurso de revocación como para el juicio de nulidad. Para resoluciones de otras autoridades administrativas, o de autoridades fiscales locales, el plazo varía según la resolución, la autoridad y la entidad federativa. Por eso conviene escribirnos el mismo día en que reciba la resolución.

El recurso de revocación se tramita ante la propia autoridad y es optativo antes de acudir al juicio contencioso administrativo. En la mayoría de los casos no es recomendable: la vía habitual es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un tribunal independiente de la autoridad que emitió la resolución. El recurso se reserva para casos excepcionales, que identificamos en el diagnóstico.

No. Mientras se resuelve el juicio, el crédito no se paga: se otorga a la autoridad una garantía del interés fiscal. Puede ser una prenda, un depósito, una fianza, una hipoteca, un embargo administrativo u otra de las formas que establece el Código Fiscal de la Federación, por el monto del crédito determinado, incluidas multas, actualización y recargos, más los accesorios que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Cuál garantía conviene depende de su situación; lo definimos en el diagnóstico.

Depende de lo que quiera consultar. En todos los casos lo esencial son dos documentos: el oficio de la autoridad y el acta con la que se lo notificaron, porque a partir de la fecha de notificación se cuentan los plazos.

• Si le acaban de notificar una auditoría: el oficio que ordena la visita domiciliaria o la revisión de gabinete y su acta de notificación. Con ellos calculamos el plazo para entregar la documentación requerida.
• Si ya le determinaron un crédito fiscal: el oficio determinante del crédito y su acta de notificación. Con ellos calculamos los 30 días hábiles para impugnarlo.
• Si se trata de una multa, un requerimiento u otro acto: el oficio y el acta de notificación de ese acto administrativo.

Una vez vencido el plazo, todavía podría haber excepciones, por ejemplo cuando existen vicios en la notificación, pero no es la regla: es necesario estudiar cada caso en particular. Escríbanos con la resolución a la mano y le decimos con franqueza si hay algo que hacer.

No debería, pero en la práctica ocurre, porque hoy no existe un medio ordinario de defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para hacer valer la prescripción, y el amparo está condicionado a un momento que casi nunca llega. La firma desarrolló una estrategia de amparo contra esa ley para abrir el acceso a la defensa. Lea cómo funciona y consúltenos con los datos de su crédito.

No. La caducidad es la pérdida, por el paso del tiempo, de la facultad de la autoridad para revisarlo y determinarle un crédito. La prescripción es la extinción, por el paso del tiempo, de la obligación de pagar un crédito que ya fue determinado. Una impide que le cobren algo nuevo; la otra lo libera de una deuda ya fijada. Más detalle aquí.

Por porcentaje, en función del monto del crédito fiscal y de la complejidad del asunto. El porcentaje se pacta por escrito antes de iniciar, de modo que usted conoce el costo desde el principio. La primera llamada no tiene costo.

Sí, en toda la República. Gran parte del litigio fiscal federal se tramita a distancia. Para diligencias fuera de la zona metropolitana, los gastos de traslado se cotizan por separado.