Ir al contenido
Ramírez & Vera Torruco Abogados Especialistas en Derecho Fiscal y Corporativo

Análisis y opinión

Modalidad 40: un Acuerdo del IMSS no puede ir contra la ley

Por el Lic. Mauricio A. Ramírez R. · Octubre de 2026

El nuevo Acuerdo del IMSS restringe la Modalidad 40 en puntos que la Ley del Seguro Social y su Reglamento no restringen. Un acuerdo administrativo no puede modificar una ley ni un reglamento: en lo que los contradiga, el asegurado puede defenderse.

Qué dice el Acuerdo

El 21 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el H. Consejo Técnico del IMSS en sesión extraordinaria del 10 de octubre. Entró en vigor el 22 de octubre y establece "medidas temporales" para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

Para quienes se inscriban a partir de esa fecha, el Acuerdo dispone:

  • Tope al salario de inscripción: el último salario base de cotización registrado al causar baja, o hasta ese importe más una UMA, sin bajar de un salario mínimo.
  • Sin efectos retroactivos: "Los nuevos aseguramientos a la Continuación Voluntaria se realizarán exclusivamente a partir de la fecha de la solicitud."
  • Incompatibilidad: quien esté incorporado como persona trabajadora independiente (artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social) no podrá contratar la Modalidad 40.
  • Trámite solo digital: la inscripción se hará únicamente por mecanismos digitales.

Quienes ya estaban inscritos conservan sus condiciones hasta que concluya el periodo que tengan contratado. El propio Acuerdo ordena un estudio financiero en un plazo de seis meses y, después, una propuesta de "modificación normativa".

Lo que dicen la Ley del Seguro Social y su Reglamento

La Modalidad 40 no nace de un acuerdo del IMSS: la regulan los artículos 218 a 220 de la Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso de la Unión, y los artículos 64 a 66 de su Reglamento en materia de afiliación, expedido por el Presidente de la República. Al comparar esos textos, el Acuerdo agrega límites que ni la ley ni el Reglamento contienen.

Tema Ley y Reglamento Acuerdo del IMSS
Salario de inscripción "El último salario o superior al que tenía en el momento de la baja" (art. 218), "a su elección" (art. 65 del Reglamento), con el tope general de 25 veces del artículo 28 (hoy, 25 UMA) El último salario de la baja, o hasta ese importe más una UMA
Causas de terminación Solo tres: renuncia firmada, dejar de pagar dos meses o volver a ser dado de alta en el régimen obligatorio del artículo 12, por ejemplo con un nuevo patrón (art. 220) Agrega una nueva: no puede contratarla quien esté incorporado como trabajador independiente (art. 13, fr. I)
Inicio de efectos Solicitud dentro de los cinco años siguientes a la baja (art. 219). El asegurado elige si su protección inicia en la fecha de su solicitud o el día siguiente de su baja (art. 66 del Reglamento) Surte efectos solo desde la fecha de la solicitud
Forma de la solicitud "Solicitud por escrito" (art. 219) Únicamente por mecanismos digitales

El caso más claro es el salario. La ley permite inscribirse con el último salario "o superior", con el único límite general que aplica a todos los asegurados. El Acuerdo sustituye ese límite legal por otro mucho menor: una UMA por encima del último salario.

Reserva de ley y jerarquía normativa

En México las normas tienen un orden: la Constitución, las leyes del Congreso, los reglamentos del Presidente y, al final, los acuerdos y lineamientos de las autoridades administrativas. Cada escalón debe respetar al de arriba. De ese orden derivan dos principios:

  • Reserva de ley: hay materias que solo el Congreso puede regular mediante una ley. Entre ellas están los elementos de las contribuciones (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), por mandato del artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Las cuotas del Seguro Social tienen el carácter de crédito fiscal (art. 287 de la Ley del Seguro Social), y la propia ley considera la base de cotización una "carga" de aplicación estricta (art. 9).
  • Subordinación jerárquica: una norma inferior no puede modificar, ampliar ni restringir lo que dispone la ley. Ni siquiera el reglamento del Presidente de la República puede hacerlo, pues su función es proveer a la "exacta observancia" de las leyes (art. 89, fracción I, constitucional). Menos aún puede hacerlo un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS.

La Ley del Seguro Social lo confirma. Cuando faculta al Consejo Técnico para fijar condiciones especiales de aseguramiento, le ordena respetar "los elementos de sujeto, objeto, base, cuota, primas de financiamiento y época de pago de las cuotas, conforme a lo establecido en la presente Ley" (art. 264, fracción XV). Y los lineamientos que puede expedir el IMSS son "para efectos administrativos" (art. 251, fracción VIII), no para cambiar derechos.

Por qué el Acuerdo no puede limitar la Modalidad 40

El Acuerdo impone a la Modalidad 40 límites que la ley no prevé, y eso es exactamente lo que la Suprema Corte ha prohibido.

En la jurisprudencia P./J. 30/2007 (registro digital 172521), el Pleno sostuvo que la facultad reglamentaria "no puede modificar o alterar el contenido de una ley", y que la norma inferior no puede contener "mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley". En la P./J. 79/2009 (registro digital 166655) precisó que esas disposiciones son "normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan". Si eso vale para un reglamento del Presidente, vale con mayor razón para un acuerdo del Consejo Técnico.

Aplicado al Acuerdo:

  1. El tope salarial contradice el artículo 218. La ley da al asegurado el derecho de inscribirse con el último salario "o superior", hasta el tope general. El artículo 65 del Reglamento precisa que la elección es del asegurado. Reducir ese margen a una UMA es imponer una limitante distinta a la de la ley y, además, toca la base de cotización, elemento reservado a la ley (arts. 9 y 264, fracción XV).
  2. La incompatibilidad con los trabajadores independientes no está en la ley. El artículo 220 enumera las causas por las que termina la continuación voluntaria. La única ligada a un nuevo aseguramiento es el alta en el régimen obligatorio del artículo 12 (por ejemplo, con un nuevo patrón), no la incorporación voluntaria del artículo 13.
  3. La fecha de efectos contradice el artículo 66 del Reglamento. El asegurado puede elegir que su protección inicie en la fecha de su solicitud o el día siguiente de su baja, cubriendo las cuotas que correspondan. El Acuerdo suprime esa opción, y un acuerdo del Consejo Técnico no puede dejar sin efectos un reglamento del Presidente de la República.
  4. El trámite digital es más discutible. El IMSS sí puede "establecer los procedimientos para la inscripción" (art. 251, fracción XIII). Pero un procedimiento no puede convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho, y la ley habla de "solicitud por escrito" (art. 219).

Además, el Acuerdo no contiene considerandos que expliquen por qué estas medidas son necesarias. Las adopta como "medida temporal" mientras la Dirección de Finanzas estudia su efecto financiero: primero restringe y después estudia. El artículo 16 constitucional exige que los actos de autoridad estén fundados y motivados.

Las razones financieras pueden justificar que el Congreso reforme la ley. No autorizan a un órgano administrativo a reformarla por su cuenta. El propio Acuerdo encarga a la Dirección Jurídica una "propuesta de modificación normativa", lo que confirma que el cambio de fondo corresponde a otra vía.

Qué pueden hacer los asegurados

Quien resulte afectado puede impugnar el Acuerdo; lo importante es actuar dentro de los plazos.

  • Si ya está inscrito: conserva sus condiciones hasta que termine el periodo que tenga contratado. Revise esa fecha, porque al renovar se le aplicarían las nuevas reglas.
  • Si va a inscribirse: no deje correr el plazo de cinco años desde su baja (art. 219). Presente su solicitud por escrito con el salario que la ley le permite; la respuesta del IMSS es el acto que se puede impugnar.
  • Amparo indirecto: procede contra normas generales que causen perjuicio por su sola entrada en vigor o con su primer acto de aplicación (art. 107, fracción I, de la Ley de Amparo). El plazo es de 30 días hábiles desde la entrada en vigor, si el Acuerdo se considera autoaplicativo, o de 15 desde el primer acto de aplicación (arts. 17 y 18). Un tribunal colegiado resolvió que estos amparos corresponden a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa (tesis I.21o.A.21 A (11a.), registro digital 2030222). El Pleno Regional de la Región Centro-Norte fijó jurisprudencia en el mismo sentido para el amparo contra la omisión del IMSS de registrar las aportaciones de la Modalidad 40, cuya naturaleza calificó de "eminentemente administrativa" (PR.A.C.CN. J/54 A (12a.), registro digital 2032691).
  • Recurso de inconformidad: el asegurado también puede impugnar ante el propio IMSS sus actos definitivos (art. 294 de la Ley del Seguro Social).

Conclusión

El Acuerdo no reforma la Ley del Seguro Social, ni podría hacerlo. Mientras el Congreso no modifique los artículos 218 a 220, el derecho a la Modalidad 40 es el que fija la ley, y las restricciones que la contradigan pueden combatirse ante los tribunales.

Si el Acuerdo afecta su plan de pensión, en Ramírez & Vera Torruco Abogados podemos revisar su caso. Cada asunto es distinto y ningún resultado puede garantizarse.

Consultar mi caso Ver más análisis

Información al 30 de octubre de 2026. Este artículo es informativo y no sustituye la asesoría sobre un caso concreto.

Fuentes